
Las productoras chilenas de conciertos se encuentran en estado de alerta debido a una disputa en curso con la Municipalidad de Ñuñoa, la comuna que alberga al emblemático Estadio Nacional y que es sede de una serie de megaeventos musicales programados para abril.
La controversia surge a raíz de un decreto aprobado por la municipalidad el 27 de febrero, el cual exige a los organizadores de eventos masivos en el Parque del Estadio Nacional, incluyendo la cancha principal, el Court Central y la Pista Atlética, el pago de derechos municipales por la «recuperación del espacio público por externalidades negativas y derechos de resguardo del perímetro del Estadio Nacional».
Según la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura (Agepec), este decreto afectaría a espectáculos artísticos, culturales y deportivos cuyo aforo supere las 10.000 personas. El costo de estos derechos municipales varía dependiendo del aforo del evento, desde 83 UTM ($5.4 millones) para asistentes entre 10.000 y 30.000, hasta 174 UTM ($11.3 millones) para asistentes entre 45.001 y 65.000.
Los promotores de conciertos consideran esta medida como perjudicial y, el 26 de marzo, presentaron un escrito ante la Municipalidad de Ñuñoa alegando ilegalidad municipal en el cobro de estos derechos. Jorge Ramírez, presidente de Agepec, critica la iniciativa municipal, argumentando que la responsabilidad de cubrir los eventuales perjuicios generados por un evento en el Estadio Nacional recae en la municipalidad y no en los organizadores de los shows.
Ramírez también señala que la inversión del Estado en la remodelación del parque Estadio Nacional no se corresponde con las trabas impuestas para el retorno de la música en vivo, y que la consideración de los eventos como una experiencia que «afecta» a la comuna es errónea. La situación continúa siendo motivo de debate entre las partes involucradas.